¿Adiós a Young Thug?

El pasado 9 de mayo fue arrestado, en Atlanta, Young Thug, nombre con el que es conocido Jeffery Lamar Williams, bajo una larga lista de cargos. De ser encontrado culpable será sentenciado a varias décadas de cárcel. Young Thug tiene 30 años de edad y, de acuerdo con voces que tienen cierta autoridad en el tema, es posiblemente el rapero más talentoso e influyente de su generación. (Yo coincido con esas voces, aunque mi voz carezca de autoridad.)

El proceso está abierto bajo la RICO Act estadounidense (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión), que parece diseñada para enfrentar entre sí a miembros de grupos que están en la mira del aparato judicial. De acuerdo con su intrincada aritmética debe probarse un cierto número de delitos cometidos de forma colectiva y otros de forma individual por cada acusado. La forma en que la ha instrumentalizado la justicia de varios estados empieza por otorgar ciertas ventajas, entre las que se cuentan la reducción de penas, a los acusados que se adelanten a “cooperar” (eufemismo de delatar a sus cómplices) en el proceso legal. Así, la RICO funciona las más de las veces como una ley de fomento al snitch (vocablo aplicable al soplón o al acto de delatar). Hasta ahora, en este caso, no ha cumplido su función cabalmente: Gunna, el otro detenido de alto perfil y miembro del mismo colectivo que Young Thug, se declaró inocente y no fue elegible para salir bajo fianza, lo que puede leerse como indicio de que no ha hecho acuerdos de delación.

Young Thug, además de tener un expediente abierto por esta ley, tiene cargos por violar varias leyes estatales y otros derivados del cateo a su casa (armas, drogas, esa canción), luego de que fue detenido. En el tratamiento del caso prácticamente no se hace diferencia entre el sello discográfico que cofundó, Young Stoner Life, y la supuesta organización criminal a la que pertenece, Young Slime Life (ambas con las mismas iniciales, como se ve). El colectivo YSL es, en gran parte gracias a la figura de Young Thug, uno de los más importantes del hip hop en Atlanta, que (en caso de que alguien no lo tenga presente) es la capital contemporánea de este género en Estados Unidos. Diríamos la Atenas del hip hop, con la salvedad de que su obra cultural no se sustenta en el esclavismo, sino que sus creadores son descendientes de esclavos.

La fiscal a cargo del caso, Fani Willis, ha dejado claro que se lanzará tras otras organizaciones que ella etiqueta como bandas criminales. Cuántas de ellas serán colectivos de hip hop es algo que está por verse. De seguir en su empeño, además del daño que causará a las personas enjuiciadas o encarceladas, estará fracturando uno de los movimientos culturales más fértiles de los años recientes en ese país, lo que de hecho ya comenzó a hacer con el desmantelamiento de YSL.

Una buena parte del expediente consiste en la cita de líneas de canciones, tanto de Young Thug como de otros integrantes de YSL, a manera de evidencia de crímenes. Este recurso tiene una larga historia en las cortes estadounidenses, aunque su estandarización no le vuelve menos aberrante: de acuerdo con esto no existe diferencia entre el personaje representado y la persona que lo crea; las letras de las canciones se consideran una especie de diario. Por qué desaparecería la distancia entre autor y personaje en este género específicamente, al contrario de lo que pasa en otras disciplinas artísticas, es algo que no se explicita, aunque probablemente no sea necesario. No puede ser casual que se trate de un género al que se ha señalado una y otra vez por su supuesta influencia corruptora en la niñez y la juventud, y que es, desde hace unas décadas, el más representativo del grupo étnico más criminalizado y que es encarcelado en mayor proporción en el país con la mayor población penitenciaria del planeta.

El uso de los versos de hip hop como evidencia delictiva ha sido, por supuesto, denunciado como una violación a la primera enmienda de la constitución estadounidense (aquella que protege la libertad de expresión, entre otras cosas). Hace unos años se lanzó una propuesta para bloquear a nivel federal esta práctica, que podríamos calificar de paralegal. Estaba firmada por artistas de perfil tan alto como Jay-Z y Killer Mike (de Run the Jewels). Uno de sus frutos ha sido un muy reciente proyecto de ley que prohibiría el recurso en el estado de Nueva York. En el texto de la propuesta se incluyen algunos argumentos que deberían ser obvios, aunque al parecer, para buena parte del sistema de justicia de EEUU, no lo son: Bob Marley no mató al sheriff, a pesar de lo que pueda haber cantado; Johnny Cash no le disparó a un hombre en Reno; Poe no asesinó al anciano de “El corazón delator”.

Es frecuente, casi inevitable, que se plantee el asunto con referencias parecidas. Después de todo, ¿cuál sería el criterio para leer los versos rapeados como una confesión con valor jurídico y, al contrario, establecer un límite nítido entre autor y obra en el resto de los ámbitos de creación artística? Tal vez considerarlo de una forma inversa podría arrojar más luz: si Young Thug afirmara en una canción que ha salvado a Atlanta de cinco ataques terroristas secretos, ¿el congreso estaría obligado a entregarle una medalla?

El uso judicial de los versos de raperos es ya ridículo a priori, y la revisión de algunos casos en que se invoca rebasa lo que podamos imaginar de él. Por mencionar sólo uno: Drakeo the Ruler, asesinado en diciembre de 2021, pasó unos años encarcelado por una acusación de homicidio de la que eventualmente fue exonerado. Además de esa acusación hubo otras, como la de haber tramado el asesinato del rapero RJ. Parte de la evidencia que se citó durante el juicio fueron las letras de una improvisación (freestyle) en la que, palabras más o menos, decía tener a este último atado en la cajuela de su coche. Al momento en que se grabó el freestyle, RJ estaba en una fiesta y luego deslindó a Drakeo de cualquier agresión hacia él, devolviendo a sus líneas la cualidad que tantas veces pierden en las delirantes sesiones de los salones de justicia estadounidenses: la de autoficción. Aun así, las letras del freestyle nunca fueron retiradas como evidencia.

Cierto, el hip hop es un campo en el que es frecuente la tensión entre la verdad y la invención. Hay un juego de verosimilitud, un pacto de credibilidad con la audiencia, en el que el personaje público debe sostenerse y en esto las letras son un componente central. A la vez, cualquier escucha medianamente asiduo comprende la tendencia a la hipérbole en los versos y lo frecuente que son las digresiones sarcásticas. Esto debería explicarse en cursos obligatorios para las fiscalías de cada estado. Al menos, para cualquier fiscalía que tenga entre sus planes enjuiciar a raperos por crimen organizado.

Por lo pronto está en puerta un circo legaloide en el que las señoras y los señores de la fiscalía fingirán que entienden algo de esto, mientras citan las líneas de Young Thug y otros con una literalidad y circunspección infinitas. Hay un antecedente cercano que les facilitará esta farsa, un juicio a uno de los personajes más espurios del hip hop, que se distinguió por ser un acusado dispuesto a la “cooperación” (en el mismo sentido eufemístico) como pocos. La carrera infame de Tekashi 6ix9ine, nombre artístico de Daniel Hernández, inició como la de cualquier personalidad de Instagram y TikTok empeñada en hacerse de un capital social o cultural que le volviera más perdurable que el promedio. En la búsqueda de una carrera musical alimentada por algo más que likes, en vez de dedicarse precisamente a trabajar en su música dio con la brillante ocurrencia de comprar su credibilidad callejera (o street cred, uno de esos rasgos que sólo quienes carecen de imaginación conciben que puedan comprarse) directamente de una banda criminal, que le entregó a cambio una membresía, además de proveerle armas largas para sus selfies y enemigos reales, tanto del lado de la delincuencia como del aparato judicial (si es que son dos cosas distintas). Poco después fue aprehendido, además de por delitos relacionados con la actividad de esta banda, por otros como abuso sexual a una menor de edad. Su falta de calle se hizo evidente a la primera ocasión en que le ofrecieron una reducción de pena a cambio de “cooperar”. Su desenvoltura como soplón fue señalada por una larga lista de nombres del hip hop, incluyendo a Snoop Dogg. Entre otros actos de servilismo ante el sistema judicial, negó enfáticamente que hubiera distancia entre su vida y el personaje que hablaba en primera persona en sus canciones. Con esto, invitó al jurado y a la fiscalía a leer sus letras como diario e interpretarlas de forma literal. Esto, por si hiciera falta aclararlo, fue como arrojar carne fresca a una jauría en cautiverio.

La credibilidad que Tekashi se creyó capaz de comprar no fue la que obtuvo frente a sus juzgadores. Esa diferencia es esencial desde una perspectiva estética y política, pero gran parte del aparato de “justicia” estadounidense se empeña en ignorarla o en despreciarla a su conveniencia. Hoy, Young Thug está a las puertas de una larga condena que tal vez le dejará encerrado de por vida, a menos que “coopere”. Lo más probable es que haya llegado el fin para uno de los mayores talentos musicales de nuestros años.

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