En un contexto de emergencia nacional, donde el gobierno fracasa al intentar ponerse a la altura de la reacción inmediata de la población mexicana, la frase “¡Fuerza México!” resuena en distintas voces, con matices que van de palabras solidarias a paisanos damnificados, un hashtag (que llegó a trending topic) para elevar la moral nacional, el titular de la revista ¡Hola! (que mantuvo su giro editorial presentando el top ten de famosos que ayudaron en la catástrofe), la frase motivacional en medallas oficiales expedidas por el gobierno de la república a brigadistas extranjeros y la leyenda inscrita en playeras del Club América hasta el nombre del fideicomiso promovido por la cúpula financiera y empresarial para “adoptar” al país en coordinación con el Estado. Y pese a la pertinencia y resonancia que parece adquirir la leyenda, ésta tiene su origen no en el reciente sismo sino en el proyecto económico trazado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desde principios de este año.
Frente a la amenaza de Donald Trump al TLCAN, el relanzamiento del sello “Hecho en México” –buscando potenciar el mercado interno– tuvo resonancia en redes sociales como las del CCE y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que manifestaron estar de acuerdo en que “nuestras ventajas frente al exterior son sólo una parte de nuestras fortalezas. La mayor fuerza y potencial están en nuestro mercado interno: en lo que nos compramos y vendemos entre nosotros los mexicanos, lo que hacemos aquí en México”. Asimismo, el frente empresarial mantuvo que México debe estar abierto a buscar otros mercados más allá de Estados Unidos: “Nuestro país debe seguir abierto al mundo. La relación comercial con Estados Unidos no es ni debe ser nuestra única alternativa. Tenemos que diversificar los mercados”. Por ello el 8 de febrero de 2017 el CCE y el CMN le presentaron a Enrique Peña Nieto la iniciativa Fuerza México.
Adopte un pueblo
Al cabo de un tiempo, la empresa quedará permanentemente
ligada al pueblo y el pueblo a la empresa.
Enrique Krauze
En oposición al fomento del liderazgo popular en la reconstrucción del país, y siguiendo la ideología empresarial, el historiador liberal Enrique Krauze convocó por Twitter, el sábado 23 de septiembre, a las grandes y medianas empresas a “adoptar pueblos”, utilizando la fraseología de campañas para la reconstrucción de espacios históricos como “Adopta una obra de arte” o de caridad como “Save the Children”. La propuesta tuvo eco en dichas instancias, y los presidentes del CCE, Juan Pablo Castañón, y de Coparmex, Gustavo de Hoyos, confirmaron su colaboración. Bajo los mismos impulsos de cobijamiento, días después se presentó el Fideicomiso Fuerza México, impulsado por la iniciativa privada y que consiste en un fondo en el que se espera juntar mil quinientos millones de pesos. En la utopía de Krauze “cada empresa adquiriría los materiales necesarios para la obra, planearía su transporte al pueblo, supervisaría la reconstrucción. La mano de obra la pondrían los propios habitantes”. El modelo del patrón-empleado es la figura clave para lograr un funcionamiento eficaz en el esquema neoliberal, en donde ahora incluso los pueblos damnificados serán empleados del corporativismo.
Dicen que a caballo regalado no se le ve colmillo, sin embargo, históricamente la relación entre poderes fácticos y gobierno ha sido dirigida por intereses privados, mientras que la liberalización económica del país nos llega en forma de medidas extraordinarias que los mandatarios justifican en momentos de crisis. Para botón de muestra, desde comienzos de este año hemos visto como PEMEX se ha privatizado y las gasolineras de la paraestatal son remplazadas por siete empresas nacionales y extranjeras, lo que se tradujo en un aumento para la población, el llamado “gasolinazo” que EPN “explicó” a través de la frase “¿Qué hubieran hecho ustedes?”. La crisis económica, la necesidad de ser rescatados por los privados, la inutilidad de las paraestatales y la necesidad de “mover a México” son los argumentos del gobierno actual para otorgar concesiones a las empresas privadas y despojar a lo público; en el caso del gasolinazo, el presidente explicó que de no haber liberalizado el precio de los hidrocarburos se habrían tenido que recortar programas sociales y apoyos a escuelas y hospitales. Ahora, tras el 19-S, la catástrofe es carroña para los planes políticos en miras de las elecciones de 2018. A unas semanas del sismo, las demoliciones han empezado en el estado de Morelos. Las empresas (españolas) que apoyan con maquinaria pesada son Grupo Aldesa, constructora encargada de realizar el Paso Exprés de Cuernavaca, autopista ahora llamada “el paso de la muerte” debido al socavón donde murieron dos personas en julio de este año, y grupo OHL, empresa cuestionada por actos de corrupción en este sexenio.
Asimismo, sobre la relación del gabinete presidencial con el fideicomiso Fuerza México, conviene recordar que a éste también se le conoce como el “fideicomiso Meade”, ya que el secretario de Hacienda y Crédito Público (institución que no tiene entre sus facultades y obligaciones hacer trabajo social ni obra ni proyectos ciudadanos) José Antonio Meade es quien se propuso para, en coordinación con el CCE, canalizar los fondos adquiridos y que dicho fideicomiso sea el único que reciba donaciones económicas, convirtiéndose así en administrador de los recursos, para lo cual anunció EPN que dará monederos electrónicos a damnificados del huracán Katia y los sismos del 7 y 19 de septiembre, en pleno año electoral.
En paralelo la partidocracia ha promovido renunciar a una parte o el total del presupuesto electoral, con el fin de colaborar en la reconstrucción del país; desde una quita del 20% (MORENA) hasta una del 100%, aunado a la privatización del financiamiento político. En esta línea, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano comunicaron la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, que cancela el financiamiento público a los partidos con el fin de otorgar el presupuesto electoral a las víctimas de los recientes desastres. En un movimiento más agresivo se anunció la propuesta del PRI, por parte de su presidente Enrique Ochoa Reza, al son de “Presentamos una propuesta de reforma constitucional que tiene como propósito eliminar el 100% de los recursos públicos destinados a los partidos políticos”. Lo que el priista no aclara es que el gobierno federal encabezado por su partido (con vastos antecedentes de fraude electoral) sería quien administre todos los recursos electorales asignados para 2018, además de que esto significaría un cambio permanente en el modelo electoral que impulsaría candidaturas abiertamente patrocinadas por flujos de capital controlados por minorías, circunscribiendo (aún más) la democracia a un esquema de desigualdad asumido, que en tiempos de crisis puede disfrazarse de solidaridad.
Si bien la industria privada puede ayudar en la reconstrucción de las viviendas –como lo ha hecho desde un inicio el resto de la población en las calles—, no podemos dejar de preguntarnos: ¿a cambio de qué? Restar funciones al Estado favorece el modelo operativo del neoliberalismo más salvaje; apropiarse de la iniciativa y la organización espontánea de la población para desarticularla es priorizar el control y la gobernabilidad sobre la situación de emergencia de millones de mexicanos. Como si lo anterior fuera poca cosa ahora, con la excusa de responder contra la crisis, la derecha política representada por el PRI y el Frente Ciudadano (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) pretende instaurar permanentemente, a través de reformas constitucionales, un modelo de inequidad encarnado en un nueva clase político-empresarial.
Urge por todo lo anterior que la organización popular impulse la resistencia a través de la acción política y la participación activa en el proceso de reconstrucción. Resistencia que en vez de reafirmar la condición de víctimas que necesitan ser “adoptadas” por empresas nos lleve a transformarnos en sujetos activos de la historia y a configurar una defensa colectiva de lo público.
Epílogo
El 19 de septiembre de 1985 la sociedad civil se levantó. La palabra “solidaridad” definía el sentir del pueblo mexicano tras una de las catástrofes más fuertes que han impactado al país. En 1988 la primera acción del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue poner en marcha el programa Solidaridad. La crisis es la carroña de la clase política y empresarial.
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